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Riesgo de racionamiento energético

El riesgo  de un inminente racionamiento y apagón ha generado gran incertidumbre dentro de la población colombiana.

No solo al ciudadano, que puede ver impactado su diario vivir, sino al sector productivo, que ve con preocupación lo que implicaría una falta de energía para la actividad económica. Esto podría tener un impacto significativo en la producción y en el crecimiento financiero del país.

Para la Defensoría del Pueblo es de vital importancia que el Gobierno Nacional establezca lineamientos y políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del servicio en todo el territorio nacional y, por ende, el goce de los derechos económicos de los ciudadanos, siendo un mecanismo esencial para su bienestar y el cumplimiento de todos sus derechos.

Racionamiento

Desde el año 2023, cuando se anunció los efectos que traería un fenómeno del niño severo y las implicaciones en los niveles de los embalses, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para evitar que un posible racionamiento energético se presentara en el país.

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Hoy nuevamente, esta entidad reitera la necesidad de que el Gobierno lidere una posición contundente para que se desvanezca la posibilidad de un racionamiento energético, al conocerse las cifras reportadas por XM, el operador del sistema interconectado y el administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, sobre el nivel de los embalses que se encuentran en el 31,86%, el nivel más bajo en los últimos 20 años y un crecimiento de la demanda por energía del 8,31%.

Por esta razón, es urgente implementar medidas que pasan por la revisión de la exportación de energía al vecino país de Ecuador, las cuales superan el 3% de la demanda colombiana.  Además, de crear conciencia en los ciudadanos para que disminuyan sus patrones de consumo, tanto de energía, como de agua, mientras termina de pasar el fenómeno del niño.

La normatividad que expida el Ministerio de Minas y Energía debe garantizar que se asegure el suministro de energía en Colombia antes de habilitar mecanismos de exportación de energía. Así mismo, es apremiante que el Gobierno nombre los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quienes son expertos en el tema y promueven la implementación de políticas públicas y regulaciones dirigidas a promover el desarrollo y la utilización de fuentes convencionales y no convencionales de energía. Igualmente, la revisión de precios que usualmente se elevan en épocas de sequía, y que han alcanzado niveles altos para el costo de la energía, especialmente en regiones como la Costa Caribe colombiana.

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Adicionalmente, es menester pensar en mecanismos de largo plazo que contribuyan a garantizar la suficiencia energética, como la construcción de nuevos embalses y la implementación de proyectos de energía alternativos que han visto retrasos por dificultades en trámites de licencias, aprobaciones y consultas previas, lo que ha llevado al desinterés de empresas e inversionistas del sector.

Finalmente, se deben crear estímulos e incentivos para proyectos energéticos que contribuyan a aumentar la oferta y la construcción de líneas de transmisión de energía y que genere intereses de inversionistas. Así, como incentivar el uso de las subastas del cargo por confiabilidad para aumentar la oferta de energía.