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Proteger a las personas mayores

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados de la región a garantizar el derecho de las personas mayores.

En el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez  se llama a los Estados de la región a garantizar el derecho de las personas mayores a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. Los Estados deben garantizar y fiscalizar que, en las residencias, espacios de cuidados o de atención médica se resguarden los derechos a la integridad y salud, física y mental de las personas mayores.

La Comisión ha reconocido que los prejuicios y estereotipos negativos respecto de las personas mayores debido a su presunto deterioro cognitivo, situación de salud, dependencia, falta de autonomía y valor social productivo, las exponen a un alto riesgo de ser víctimas de violencia. En algunos casos, el riesgo de sufrir violencia aumenta debido a la pertenencia a grupos históricamente discriminados, como es el caso de las mujeres mayores, las personas LGBTIQ+ mayores o migrantes mayores. La violencia que experimentan las personas mayores no es solo física. El maltrato verbal o el uso de lenguaje derogatorio, de modo presencial o virtual, impactan la salud física y mental de las personas mayores, como ha reconocido la Experta Independiente de Naciones Unidas de los derechos de las personas mayores.

Protección a las personas mayores

En el informe sobre “Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas” la CIDH puso de relieve que los estereotipos y prejuicios permean las relaciones familiares y sociales de las personas mayores. Lo anterior, puede traducirse en actos de violencia en los lugares para su cuidado y atención médica, porque en estos espacios pueden establecerse relaciones asimétricas, en los que se presenta un desbalance entre la posición de poder de la persona cuidadora y la posición de sujeción de la persona receptora de cuidados.

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La CIDH llama a los Estados a corregir estas distorsiones y asimetrías de forma inmediata mediante la implementación de sistemas de asistencia que, orientados por el paradigma de la vejez digna, promuevan el ejercicio de la autonomía y la vida independiente. Asimismo, alienta a, erradicar el carácter permanente, forzado y dependiente en la institucionalización innecesaria de las personas mayores, y a respetar las decisiones de estas personas en la atención médica. Asimismo, los Estados deben implementar acciones concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos generadas en el marco de cuidados o servicios de salud.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores consagra el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, sin discriminación. Este tratado también dispone que los servicios y sistemas de cuidados de las personas mayores deben prestar protección y promoción de su salud física y mental, en especial en contextos de mayores restricciones de la autonomía, como son los casos de los cuidados de largo plazo o paliativos. Se pone de relieve la importancia del derecho a la salud mental de las personas mayores, pues el maltrato psicológico y emocional es la modalidad más frecuente de abuso contra las personas mayores, como ha señalado la Experta Independiente de Naciones Unidas

Varios Estados de la región vienen implementando políticas sobre personas mayores, algunas de las cuales incluyen la violencia intrafamiliar o protección general de la vejez en las que reconocen los derechos de las personas mayores a la seguridad, a no ser sometidas a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como a vivir una vida libre de violencia. La Comisión ha destacado la importancia de los programas estatales que permiten denuncias rápidas y sencillas de actos de violencia, sistemas de protección cautelar y opciones refugio, y estrategias de protección multidimensional.

La CIDH reitera que es fundamental diseñar estrategias que reviertan las causas por las cuales frecuentemente no se denuncian los hechos de violencia y maltrato y que perpetuán el círculo de violencia del que son víctimas las personas mayores. La Comisión llama a los Estados a conducir estudios que permitan determinar las razones de la falta de denuncia, como el temor a represalias, el desconocimiento de sus derechos, las relaciones asimétricas de dependencia económica, la ausencia de medidas de protección frente al agresor, así como, de facilidades de acceso y apoyo al momento de realizar la denuncia, entre otros.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Publicado originalmente ; CIDH