Defensores y defensoras

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Amnistia Internacional

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes defendían los derechos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente, continuaron siendo blanco de un gran número de ataques y amenazas por la labor que desempeñaban. Los riesgos a los que se enfrentaban estaban directamente relacionados con las causas estructurales del conflicto armado, como las disputas en torno a la tierra y los recursos naturales. Muchos defensores y defensoras participaban en la reclamación de derechos colectivos relativos al reconocimiento y la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Dichos territorios eran a menudo objeto de disputas entre grupos armados por motivos de interés económico y control social.

En octubre fueron asesinadas en Cauca 15 personas en cinco días, entre ellas cinco líderes indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró que en el país moría de manera violenta una persona indígena cada tres días.

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades que continuaban oponiéndose al conflicto armado se vio agravada por las nuevas dinámicas que surgieron tras la firma del acuerdo de paz, ya que nuevos grupos armados se estaban disputando el control sobre zonas previamente controladas por las FARC-EP. En algunos casos, las disidencias de las FARC-EP se enfrentaban a otros grupos armados por territorios que históricamente habían estado bajo su control. La escasa presencia de autoridades del Estado en muchas zonas rurales del país dejó a comunidades sin protección efectiva. Algunos líderes sociales denunciaron un aumento de las amenazas contra ellos, y la Defensoría del Pueblo documentó que entre la firma del acuerdo de paz, en 2016, y junio de 2019 habían muerto de manera violenta 482 defensores y defensoras de los derechos humanos. La ONG Somos Defensores registró 591 ataques contra defensores y defensoras (29% de mujeres y 71% de hombres) entre enero y junio de 2019, que incluían 59 homicidios y 477 amenazas de muerte. Un informe de la ONU registró la muerte violenta de 86 defensores y defensoras de los derechos humanos durante el año. La impunidad por dichos ataques seguía siendo la norma. La falta de protección integral y efectiva para estas personas en 2019 era evidente. Las autoridades del Estado reaccionaron a esta situación creando un plan de acción para coordinar la respuesta a la crisis por parte de instituciones estatales sobre cuestiones relativas a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la prevención de homicidios, hasta que se estableciera una política pública adecuada. Al concluir el año, el Ministerio del Interior declaró que se habían iniciado una serie de talleres para crear una política integral para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.

No obstante, se debilitaron otras medidas existentes —incluidas las establecidas en el acuerdo de paz— cuyo objetivo era erradicar las causas subyacentes de los peligros a los que se enfrentaban los defensores y defensoras. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, mecanismo creado por el acuerdo de paz para desmantelar grupos armados ilegales en Colombia, sólo se reunió formalmente dos veces en 2019.

Las instituciones encargadas de brindar protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos —como la Unidad Nacional de Protección— siguieron aplicando medidas reactivas e individuales fundamentales para la protección de algunas de estas personas en las ciudades, pero que resultaban en gran medida inadecuadas en el contexto de las comunidades rurales. Aparte de cuatro proyectos piloto sobre los que informó el Ministerio del Interior, las medidas colectivas para la protección de comunidades y sus líderes eran escasas.

Las defensoras de los derechos humanos se enfrentaban a riesgos especiales. Aunque la mayoría de los ataques seguían estando dirigidos contra hombres, aumentaron los ataques contra mujeres. De los 59 defensores y defensoras muertos de manera violenta entre enero y junio de 2019, 10 (el 17%) eran mujeres; en 2018 lo fueron tres.

Según un informe de Oxfam, diversos actores aumentaron los peligros a los que se enfrentaban las defensoras de los derechos humanos. Muchas eran mujeres afrodescendientes o indígenas que vivían en zonas de alta marginación. Como consecuencia, la violencia les afectaba de manera desproporcionada, no sólo a ellas individualmente, sino también a sus comunidades. El proceso cada vez más complejo para denunciar los ataques también tuvo el efecto de disuadir de presentar denuncias y aumentar la impunidad de los agresores.

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