Crece el desplazamiento forzado en Colombia a pesar del acuerdo de paz

Por: William Spindler  |  10 de marzo de 2017   |  English   |  Français

La violencia continúa arrancando de sus hogares a miles de personas en Colombia, a pesar del acuerdo de paz firmado en pasado noviembre entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La lucha por el control territorial en la región de la Costa del Pacífico colombiana entre grupos armados irregulares han desplazado a 3.549 personas (913 familias) desde comienzos de 2017, según las autoridades locales. El año pasado, ACNUR contabilizó 11.363 personas desplazadas (3.068 familias) por la violencia en las mismas áreas.

Reconociendo los importantes esfuerzos del Gobierno para consolidar la paz y el compromiso de las autoridades para asegurar que se respeten los derechos de las víctimas, incluyendo los desplazados internos y los refugiados, ACNUR está profundamente preocupado por el incremento de las cifras de desplazamiento interno que afecta a muchas comunidades, particularmente en los departamentos del Chocó, el Cauca, el Valle del Cauca y Nariño, en la costa del Pacífico.

Las localidades particularmente golpeadas por la violencia son Bajo Calima y la zona rural de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca; el litoral San Juan, Lloró, Alto Baudó y Domingodó en el Chocó; Timbiquí en el Cauca y Santa Bárbara de Iscuandé y la comunidad de El Pital (área rural de Tumaco) en Nariño.

Las comunidades afroamericanas y las personas indígenas se han visto particularmente afectadas por la violencia, que amenaza su supervivencia. Ambos grupos étnicos suponen el 10% y el 3% respectivamente de los 7,4 millones de desplazados internos en Colombia.

Desde la firma del acuerdo de paz, el incremento de la violencia por parte de nuevos grupos armados ha desembocado en asesinatos y reclutamientos forzados, incluyendo menores; violencia de género, limitación del acceso a la educación, al agua y a la salubridad, así como en restricciones de movimiento y desplazamiento forzoso de población civil.

La Agencia de la ONU para los Refugiados reitera la necesidad de asegurar que la población civil tenga acceso a protección y asistencia. Al mismo tiempo, cualquier eventual retorno de personas desplazadas internas a sus áreas de origen debe realizarse en condiciones de seguridad y dignidad.

ACNUR está presente en la región del Pacífico colombiano con cuatro oficinas en el terreno y continuará apoyando a las autoridades locales y a las comunidades para enfrentar los riesgos de protección que les amenazan, mientras apoya una respuesta institucional integral a la situación

El 20 de marzo de 2017, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Çxhab Wala Kiwe (ACIN), a través de un comunicado hecho público por medio del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), lanzó una alerta territorial por desarmonías en el territorio y la región. En este, se hicieron denuncias de hechos violentos ocurridos a lo largo del mes. Dentro de estos, se encontraban amenazas a autoridades ancestrales en Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda, asesinatos de comuneros, líderes y guardias indígenas,  defensores de derechos humanos y la quema de la tulpa comunitaria del resguardo La Concepción, en Santander de Quilichao.

De hecho, tan solo de enero a febrero del 2023, 21 víctimas indígenas habían sido asesinadas, 16 amenazadas, 16 perseguidas y 9 menores de edad reclutados forzosamente según cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC. De estas acciones, se identificó que, en su mayoría, fueron realizadas por algún grupo armado ilegal con presencia en la zona.

Sin embargo, la violencia que hoy azota al Norte del Cauca no es un hecho repentino. La posición estratégica, en términos geográficos, de la región y su riqueza, tanto hídrica como en recursos mineros, ha hecho que distintos grupos armados pongan en juego la disputa por el control territorial.

Así lo explicó Samuel Escobar, defensor de derechos humanos de pueblos indígenas al mencionar que, “el Norte del Cauca se convirtió, lógicamente, en un territorio propicio para lo que en su momento se conoció como la guerra de guerrillas”. A esto se le suma que, con la llegada de las AUC a la región entre los años 90 y principios de los 2000, hubo un aumento significativo de vulneraciones a los pueblos indígenas, siendo el pueblo Nasa uno de los más afectados.

Con el comienzo de los diálogos en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, uno de los grupos armados con más control dentro del territorio, se pensó que el panorama podría mejorar. “Se creyó que se generaría un nuevo ambiente, un nuevo aire y sí, se mermaron muchas cosas, las tomas y los ataques, pero diría uno que la firma fue un respiro temporal», mencionó Escobar.

Asimismo, Edwin Guëtio, Coordinador del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, declaró que desde las organizaciones defensoras habían precisado y denunciado que “el asunto del posconflicto iba a ser más complicado en nuestros territorios que el mismo conflicto, lo que parece un tema profético porque es lo que se ha venido evidenciando”.